SUCESOS DE CASTILBLANCO

PRIMERA PARTE: LA II REPÚBLICA.

Situación política.

Los años treinta tienen una espacial importancia. El sistema político del liberalismo oligárquico tenía similitudes con las fórmulas políticas utilizadas en la Europa del Este del momento, sin embargo la experiencia democrática que vivió España a partir de 1931 era una novedad. Tras la caída de Miguel Primo de Rivera que a la postre arrastró consigo a la Monarquía, España se convierte en una República, es la primera experiencia democrática que tiene nuestro país antes de 1977 y que concluirá con un trágico episodio de guerra civil.

Con la caída de la Monarquía, identificada con el régimen caciquil, aparece un entusiasmo general y la confianza de que todos los problemas serían inmediatamente solucionados. Sin embargo, el nuevo régimen republicano al no responder de forma inmediata a los graves problemas acumulados y no repercutir en cambios en la sociedad, fue desapareciendo el entusiasmo general y se fue transformando en un ambiente hostil debido al ansia de cambios reales en la vida diaria de los ciudadanos.

Posiblemente para la estabilización de la República hubiese sido mejor una transición más pausada en el cambio de régimen.

El cambio de régimen supuso la sustitución de toda una clase política dirigente por otra.

Dos antiguos políticos del régimen monárquico cambiaron de adscripción política, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. El primero futuro presidente de la República seguía siendo hombre de la vieja política. Ninguno de los dos fue capaz de vertebrar un partido político para la actuación política en un régimen republicano.

Después de haber aprobado una Constitución en la que no hubo consenso entre todos los sectores sociales y políticos de la vida española debido al aplastante triunfo que supusieron los resultados de las elecciones constituyentes de 1931 para la coalición republicano-socialista, Azaña creador del partido Acción Republicana sería presidente del Gobierno desde diciembre de 1931 hasta septiembre de 1933. También desde diciembre sería elegido por unanimidad Alcalá Zamora como presidente de la Republica.

Ésta más que un régimen de convivencia era un instrumento para cambiar la vida de los españoles. Azaña y las fuerzas políticas que le seguían tenían como principal interés hacer desaparecer los privilegios de los sectores sociales hasta entonces preeminentes.


Sociedad.


La sociedad española de los años treinta ha sido considerada por algunos historiadores, principalmente extranjeros “más de la mitad de la población vivía de la tierra”[1] como una sociedad rural, dominada por fuerzas reaccionarias, condenada a una lucha de clases que hacía imposible cualquier intento de convivencia. Sin embargo, según Javier Tusell es mucho más correcto hablar de un país semi-industrial, “la población activa agraria era inferior a la industrial y la de servicios unidas”[2].

Existía ya un creciente grado de urbanización, sin embargo en una gran cantidad de provincias españolas la población activa agraria era mayoritaria sin cambios en cuanto a producción ni a estructura de la propiedad.

Había también un problema latifundista, no exclusivamente nobiliario y no en todo el territorio español. La burguesía había creado latifundios y ejercían como propietarios absentistas en lugares en los que existía además gran presión demográfica.

La economía agrícola distribuía la población en pequeños núcleos en los que la influencia de los notables locales era determinante en el terreno político, y las libertades estaban recortadas por el aislamiento y la falta de educación. De hecho dominaron completamente la vida de estos jornaleros de numerosas formas, decidiendo entre otras cosas su contratación o no, en muchas ocasiones con formas humillantes para las personas para provocar su sumisión.


Situación Geográfica.


Castilblanco es un pequeño pueblecito de la provincia de Badajoz, es aquí donde sucedieron los sucesos trágicos de los que voy a tratar en este trabajo.

Era una tierra abandonada a la periferia, a la incultura y a la falta de alternativas, sin industria ni comercio que condenaba a los jornaleros, braceros, yunteros, etc. a vivir a expensas de una tierra de la que sus dueños viven en Madrid o en otras grandes ciudades y que prefieren comprar tierras depreciadas a invertir en las suyas, condenando a estos hombres a vivir en la miseria sin un pedazo de tierra ni individual ni para la comunidad. El campo se trabaja como desde hace siglos ya que no se invierte en medios técnicos sometiendo a estas personas al paro, fuera de los ciclos de cosecha.

Enfermedades, falta de higiene, sequías, miseria, hambre, brujas, tantas penurias soportadas por una población por la que nadie se ha preocupado. Las autoridades no se han preocupado ni por estos jornaleros ni por sus hijos, a los que no se les ofrece una educación mínima. Este panorama de paisaje abandonado a los abusos de terratenientes, caciques y autoridades hacia personas condenadas a la incultura y alo derecho de propiedad o de asociación refrendados por la ley es en el que nos movemos en este momento histórico. El Código Civil de 1889 convierte el sacrosanto derecho de propiedad en instrumento de dominación. Tras las desamortizaciones del siglo XIX de Mendizábal y Madoz que sólo contemplaban la consecución de dinero para el Estado, sigue pendiente en España la reforma agraria, agravando la situación de los campesinos sin tierra el hecho de cambiar las tierras de la Iglesia a unos dueños mucho más severos que sólo quieren el máximo de beneficios.

Todo este mundo expuesto parece ser extraño a los cambios que se estaban produciendo en las crecientes grandes ciudades en las que aparecía la industria y el comercio y las mejoras sociales en higiene, educación, igualdad de la mujer, etc. Las transformaciones de vida de las clases populares en el medio urbano fueron mucho más importantes que las del medio rural.


Reforma agraria.


Dada la necesidad, ya se había planteado la reforma agraria antes de redactar el texto constitucional en los momentos iniciales del régimen.

Las expectativas sociales que se crearon en una sociedad como la expuesta son fáciles de imaginar. Las primeras medidas no encontraron fuerte resistencia: prohibición de expulsar a los pequeños arrendatarios, reducción de horario de trabajo y jurados mixtos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta los propietarios que las nuevas medidas aplicadas les perjudicaban económicamente y sobre todo herían su orgullo y su sentido estricto del orden establecido por generaciones. Con todo, la reforma general fue lenta ya que los partidos no se ponían de acuerdo en la forma de llevarla a cabo.

Ya en el mes de marzo de 1931 Azaña presentó su proyecto de reforma agraria, sin embargo no la consideraron primordial y no fue hasta la derrota del levantamiento del general Sanjurjo hasta que no se avanzó con rapidez en este campo.


SEGUNDA PARTE: SUCESOS DE CASTILBLANCO.


Situación geográfica, la manifestación, sucesos trágicos, los periódicos, el Congreso de los Diputados, juicio y condena.


Como ya he dicho antes, Castilblanco es un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz que en el momento de estos hechos contaba con algo más de novecientos habitantes, según Hugh Thomas, (más de tres mil, según el censo de población del INE), en su mayoría jornaleros, situado en la comarca de “La Siberia”.

Sus habitantes podían tener una pequeña tierra y un cerdo para la matanza en las fiestas navideñas que proveía de grasa y carne durante el año. Las condiciones de vida allí eran parecidas a las de cualquier otro lugar de la región. La violencia era desconocida.

Los jornaleros se han inscrito, la mayoría en la Casa del Pueblo donde llegan periódicos, en fin, comienzan a despertar el derecho de asociación. Justo Fernández es el presidente y es el que ha dicho que hay que hacer una manifestación los días 30 y 31 de diciembre cumpliendo con un mandato del partido socialista en toda la provincia de Badajoz contra el Gobernador Civil de ésta y por la destitución del Teniente Coronel Jefe de esta provincia y contra la actuación y procedimientos de la Guardia Civil.

La manifestación no ha sido aprobada, aún así los jornaleros se reúnen y ésta transcurre sin incidentes, son campesinos sin experiencia en cuestiones políticas y poco dados al desorden.

Sin embargo tanto descaro en personas que siempre se habían mostrado sumisas debió parecer intolerable en los círculos del casino. Los poderes tradicionales se sienten amenazados por las ideas socialistas, el mismo obispo de Badajoz declaraba que contra la amenaza del socialismo incipiente había que luchar con la caridad.

El día 31 había sido convocada la segunda manifestación a la que ya sin miedo acudieron muchas más personas que el día anterior y que como en éste no se estaban produciendo ningún tipo de incidentes. Cuando ésta estaba a punto de terminar, apareció la Guardia Civil con la orden que Felipe Maganto, el alcalde les había dado de disolver la manifestación porque era ilegal.

A estas alturas, cuando ya los manifestantes se empezaban a retirar a sus casas, el cabo y los tres guardias que conforman la fuerza en este pueblo, con fusil en mano, se mezclan entre la gente mientras el cabo avanza entre la multitud para llegar a la Casa del Pueblo y cumplir sus órdenes. En este mismo momento Agripino, guardia civil, sin conocerse el motivo disparo su arma contra un mozo del pueblo llamado Hipólito Corral que cayó muerto. El desconcierto debió apoderarse de la multitud al ver a un vecino muerto por el arma de un guardia civil y la amenaza que suponía que estuviesen armados y disparando; unos corrieron aterrorizados hacía sus casas según testimonio de los presentes, otros arremetieron contra el peligro que les amenazaba, dando muerte a todos los miembros de la benemérita en la calle del Calvario. La multitud ha matado a los guardias al verse amenazados de muerte, una amenaza muy real ya que acababa de morir un paisano por un arma de fuego. La pura defensa, el miedo y la locura movió a estos hombres a cometer aquel acto terrible, como más tarde diría el abogado defensor de algunos acusados Juan-Simeón Vidarte Franco-Romero.

Los cuatro miembros de la guardia civil quedaron tendidos en el suelo muertos y la multitud desapareció a sus casas donde seguramente estarían recapacitando sobre lo que había ocurrido y sobre las represalias que tendrían lugar ya que los muertos eran los representantes del orden. Más tarde otros se encargarían de escribir que todo este suceso había sido premeditado y que estos jornaleros eran bárbaros a los que las ideas socialistas les habían hecho perder el miedo a la autoridad y que pretendían un nuevo orden robando y asesinando. A los campesinos de Castilblanco la prensa monárquica y conservadora los va a tratar como bárbaros ”de ferocidad africana, y los instintos primarios”[3], y a quienes se intenta culpar de los sucesos es a los dirigentes políticos socialistas por exponerles estas ideas que amenazaban al poder constituido.

Todo el pueblo está encerrado en sus casas y ya por la noche comienzan las detenciones y los detenidos son esposados y llevados al ayuntamiento. Según éstos y las marcas corporales que quedarán en sus cuerpos son torturados brutalmente durante días para declarar en contra de otros vecinos. Más tarde los abogados defensores expondrán algunos de estos castigos a los que fueron sometidos por la guardia civil como son culatazos con los fusiles, provocar heridas por rozamiento con cuerdas, atarles de pies y manos o mantenerles sin alimentos y sin ropa de abrigo en las frías noches de enero en la Siberia Extremeña expuestos en la terraza del ayuntamiento atados los unos a los otros. Según el testimonio posterior de algunos de ellos, el director general de la Guardia Civil al visitarles le comentó al Teniente Coronel “ y no los han matado todavía “ a lo que este respondió cruelmente “ya van, ya van.”[4]

A la mañana siguiente el pueblo estaba ya lleno de “gente importante”. Fueron llegando el Gobernador Civil de Badajoz, El Teniente Coronel Jefe de la Guardia Civil en esta provincia, el General Sanjurjo director de la Guardia Civil, jueces, fiscales, funcionarios, políticos y periodistas.

Todos querían saber que había ocurrido en aquel pequeño pueblo de apariencia tranquila y como cualquier otro de la España rural. Los jueces y fiscales recogían testimonio, la Guardia Civil velaba por el orden, los políticos se lamentaban y sacaban sus propias conclusiones y los periodistas acusaban en sus diarios sin tener una información precisa de la brutalidad de todos los habitantes del pueblo y a los responsables de la República por la propaganda de los últimos meses que según ellos invitaban a estos bárbaros a cometer estos delitos contra la autoridad.

Desde el día 1 de enero los periódicos conservadores, especialmente el ABC, cargarán sus tintas contra los jornaleros de Castilblanco “movimiento de rebelión”[5], “las turbas matan a tiros a los cuatro guardias civiles”[6], con una postura claramente subjetiva y sin haber investigado los hechos, por ejemplo, en las autopsias de los guardias muertos no aparece ninguna herida de bala.

En los primeros días los periódicos cuentan historias sorprendentes que nada tienen que ver con la realidad solamente explicable esta postura por su odio al nuevo régimen republicano y a esta clase trabajadora, “ capaz de los más crueles crímenes” al estar influenciados por ideas socialistas. Más tarde se irán aclarando los hechos, pero estos periódicos no cejarán en su lucha contra los jornaleros y contra los partidos de izquierda. Nada dicen de los posibles errores de la Guardia Civil a la que protegen e incluso organizan manifestaciones a su favor, mientras ésta por estos mismos días vengaba la muerte de sus compañeros causando más muertos en manifestaciones que se celebran por todo el país como en Arnedo, Feria, Zalamea, etc. La defensa de la Guardia Civil en los periódicos de la época es enfermiza, mostrándola como guardiana de los valores y tradiciones que según ellos debía tener un buen español. Su labor fue debatida también en el Congreso de los Diputados paralelamente a lo acontecido en Castilblanco. Los socialistas están a la defensiva y explican lo ocurrido como fruto de la miseria e incultura a la que durante siglos ha sido sometida esta gente. El diputado socialista, señor Saborit dice: “Los socialistas no son personas alborotadoras. No pretenden enfrentar a nadie. Sólo educar, organizar a los trabajadores. Piden que se haga justicia e insisten en que estos jornaleros no tienen nada que ver con ellos y que ni siquiera eran afiliados de la UGT.”[7] Después de una larga intervención el señor Saborit, preocupado por la defensa de su partido no hace ni un comentario sobre el paisano muerto o sobre los malos tratos sufridos por los detenidos.
El también diputado socialista, señor Muiño, sin embargo había escrito en “El Socialista”, que no dicho tampoco en el Congreso,: “En Castilblanco, como en otros muchos pueblos de Badajoz, los caciques enfrentan a la Guardia Civil contra el pueblo. En los puestos de la Guardia Civil de los pueblos no manda el Gobernador; mandan los caciques, que primero exaltan al pueblo y luego hacen denuncias falsas a la Guardia Civil para que ésta intervenga y sobrevenga el choque”[8].

Si los diputados socialistas no tuvieron unas palabras de consuelo para los habitantes de Castilblanco, menos aún la iban a tener el señor Beunza y demás diputados de la derecha que se convirtieron en sus verdugos. Solamente El filósofo y diputado don Eduardo Ortega y Gasset tendría palabras de aliento para este pueblo.

Más tarde vendría el debate en esta misma sesión del Congreso de si debía ser la jurisdicción civil o la militar la encargada de juzgar estos delitos, llegando a la conclusión después de una lucha verbal entre los diputados de la derecha y de nuevo Ortega y Gasset, de que sería la justicia militar según el artículo 95 de la Constitución la encargada de juzgar estos delitos, por tratarse de un atentado contra fuerza armada. Ortega y Gasset defendió que fuese la jurisdicción civil la que juzgase los hechos ”porque entonces estaríamos lo mismo que antes de la Constitución”[9].

A continuación se va a debatir sobre la existencia misma de la Guardia Civil. El diputado señor Beunza, portavoz de la derecha tradicional hace una defensa llena de alabanzas a la Guardia Civil como institución defensora de las tradiciones. Los socialistas, sin embargo, pretenden que ésta actúe a favor de los intereses de la República. El señor Ortega y Gasset propone modificar algunos aspectos de este cuerpo, como son la mentalidad, su forma de actuar y su propia imagen, por lo que de nuevo es recriminado por algunos diputados de derechas. Finalmente, el presidente Azaña, hace un discurso de concordia, señalando que ningún acto, ni gubernamental, ni político, tiene ninguna responsabilidad con los hechos ocurridos en Castilblanco y que no se pone en duda la actuación de la Guardia Civil, “La Guardia Civil no ha desmerecido jamás”[10], y que no existió abuso por parte de ella ni antes ni después de los hechos sino simplemente cuatro víctimas de la barbarie de un pueblo, olvidándose así de la víctima civil.

Castilblanco no ha sido recordado, sólo como ya he dicho Ortega y Gasset ha hablado unas palabras sobre el tormento que sufren los detenidos y la falta de respeto de las autoridades por la ley. De Castilblanco sólo aparecerán palabras como crueldad, asesinato o incultura. El Gobierno que apareció como acusado, acabo defendiendo a la Guardia Civil. No hubo palabras para la víctima civil, Hipólito Corral, primer muerto, sólo existirán en adelante las muertes de los cuatro guardias.

El juicio se celebró en el cuartel General Menacho de Badajoz en julio de 1933. El Tribunal está presidido por el coronel Ortega. El fiscal, Ricardo Calderón Carrasco, comandante jurídico militar y los abogados defensores, Luis Jiménez de Asúa, Antonio Rodríguez Sastre, Anselmo Trejo Gallardo y Juan Simeón Vidarte Franco-Romero.

Las penas pedidas por la acusación son graves: muerte para unos y reclusión perpetua para otros.

Los acusados se defendieron diciendo que lo que habían contado anteriormente era mentira y que habían declarado en contra de otros compañeros, contando historias que la Guardia Civil les decía para que no les castigaran más. Los malos Tratos fueron acreditados y las declaraciones así obtenidas no tenían valor; apareció una fotografía con los detenidos expuestos en el balcón del ayuntamiento, las declaraciones de los detenidos y las muestras evidentes que han quedado en sus cuerpos, fruto de las heridas causadas por los guardias. Se leen los informes del fiscal y de los letrados. Finalmente, la sentencia absuelve a Cristina Luengo, impone la pena de muerte a seis procesados y pena de reclusión perpetua a otros seis, pero se propone que las penas de muerte sean conmutadas por las de treinta años y las de reclusión perpetua por veinte años. La sentencia causó conmoción. Las fuerzas de la derecha no esperaban este resultado y así lo expresan con protestas diarias contra el fallo. Sin embargo, de forma casi paralela se está celebrando en Madrid, en la sala 6ª del Tribunal Supremo el juicio por la sublevación militar del 10 de agosto de 1932, protagonizada por el general Sanjurjo y otros altos cargos militares, condenados a muerte por atentar contra la República, contra el sistema democrático que los españoles se habían impuesto y con el resultado de varios muertos. Finalmente, el Gobierno con el voto a favor de los diputados socialistas decidió el indulto de quienes además habían sido tratados con todo tipo de privilegios en la cárcel sólo unos días antes de que terminase el juicio por los jornaleros de Castilblanco. El levantamiento militar no parecía extraño a nadie, fue indultado un general acusado y condenado por este delito. Esto no era un error del general Sanjurjo, un levantamiento tiene que ser planeado durante largo tiempo, es un hecho que el que lo lleva a cabo es plenamente consciente y responsable de lo que está haciendo y sus intenciones son cometer uno de los crímenes más grandes contra la humanidad, que es robarle la libertad, sin embargo a diferencia de lo que ocurrirá con la sentencia de los jornaleros de Castilblanco a la prensa conservadora, a sus lectores, a las fuerzas de la derecha e incluso a los diputados socialistas esto les parecía justo y de razón.

Mientras tanto los jornaleros de Castilblanco condenados por el Consejo de Guerra de Badajoz, ahora dependen del recurso que resolverá la sala 6ª del Tribunal Supremo que confirmará la condena y además retira la propuesta de indulto.


En el periodo en que gobierna la coalición de centro-derecha presidido por el radical Alejandro Lerroux conocido como “bienio negro” la esperanza de indulto será lejana, sin embargo, el 31 de enero de 1935 Niceto Alcalá-Zamora y Alejandro Lerroux firmarán el indulto de pena de muerte.

En el mes de febrero de 1936 el Frente Popular gana las elecciones. Las cárceles estaban llenas de obreros de la Revolución de Octubre de 1934 y de jornaleros de huelgas campesinas. No esperaron a que se reunieran Cortes, Azaña como nuevo Presidente del Gobierno ante el clamor popular tiene que promulgar el día 21 de febrero un decreto-ley que “concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales”[11].

Ya pueden volver a Castilblanco todos los jornaleros condenados, sin embargo, ya las fuerzas de la derecha comenzaban a prepararse por tanta ofensa para el levantamiento militar contra la II República el 18 de julio de este mismo año.




TERCERA PARTE: CONCLUSIONES.


Lo que sucedía en España en estos años es que social y políticamente perduraban demasiados rasgos que la identificaban con el Antiguo Régimen, no es que no existiera el liberalismo sino que aquí en demasiadas regiones perdura la oligarquía y el caciquismo. El cacique es quien marca la vida rural y coarta las libertades de expresión y asociación.

La acumulación de tierras por parte de la burguesía desde las desamortizaciones del siglo XIX unidas a las concentraciones de tierra de la nobleza hacían urgente una reforma agraria. En ningún país de Europa existía un problema latifundista parecido al español.

Según Tusell y otros autores, el cambio de la Monarquía a la República debería haber sido menos brusco, así, posiblemente los acontecimientos posteriores hubieran sido diferentes.

Las miserables condiciones de vida de los jornaleros del campo que permanecían por debajo de la dieta mínima han quedado suficientemente explicadas. Los políticos simplemente habían ignorado el problema. Los sucesos de Castilblanco no fueron producto de una lucha de clases, ni de un levantamiento de los oprimidos contra el poder establecido; fue un hecho puntual, muy trágico, pero el resultado del miedo y el caos colectivo al ver como eran atacados por los guardias civiles.

Los políticos que habían ignorado el problema ahora miraban a Castilblanco y se preguntaban cuáles podrían haber sido las causas para que en un pueblo normal pudieran ocurrir semejantes sucesos. Los políticos de derechas se apresuraron en culpar a los socialistas por “envenenar”con sus ideas a los campesinos, también los socialistas se desmarcan de posibles relaciones con los campesinos de Castilblanco y echarán la culpa a la derecha de haberles mantenido durante siglos en la incultura y la miseria.

Esta barbarie y esta incultura de la que hablan políticos y periodistas acusando a todo un pueblo se podría aplicar también a los miembros de la Guardia Civil, ya que pertenecían a esta misma clase social a la que sus mandos les enfrentaban. Sin embargo, no se habla una sola palabra en periódicos de la época, ni en el Congreso de los Diputados, de la falta de cultura de los miembros de la Guardia Civil, ni tampoco de su “ferocidad” demostrada en tantas ocasiones con violencia inusitada. Sólo se hablará de la barbarie de unos cuantos jornaleros y se mantendrá en el recuerdo durante los largos años del franquismo en periódicos como el ABC. Durante años los descendientes de aquellos jornaleros y todos los vecinos de Castilblanco, al emigrar a las grandes ciudades, tuvieron que sentir casi vergüenza, u omitir su lugar de nacimiento, por la repercusión que esta prensa había tenido en la mentalidad de las personas.

No cabe duda de que si hubiesen existido un consenso entre todas las fuerzas políticas que conformaban la II República y una verdadera convicción de solucionar entre todos los graves problemas que acontecían en el país, esta no hubiera fracasado, y se hubiesen dado los pasos necesarios para un cambio de mentalidad que hubiese supuesto el triunfo de la democracia. Sin embargo, todas las derechas españolas no estaban preparadas, parte de la izquierda anhelaba esta situación desde hacía tiempo, tenían demasiadas cosas que demostrar y las masas de jornaleros veían en la República la esperanza de una mejora que desde hacia siglos se les había negado.

[1] Cfr. Hugh Thomas, “La guerra Civil española”, ed. Urbión.
[2] Cfr. Javier Tusell, “Manual de Historia de España, siglo xx”, ed. Historia 16.
[3] Diario ABC, 3 de enero de 1932.
[4] Jesús Vicente Chamorro, “Año nuevo, año viejo en Castilblanco”, ed. Albia.
[5] Diario ABC, 1 y 2 de enero de 1932.
[6] Diario ABC, 1 de enero de 1932.
[7] Cfr. Diputado socialista Andrés Saborit, parte de su discurso en el Congreso de los Diputados del día 5 de enero de 1932.
[8] Cfr. Diputado socialista Sr. Muiño, diario “ El Socialista “ día 6 de enero de 1932.
[9] Cfr. Diputado Eduardo Ortega y Gasset, parte de su discurso en el Congreso de los Diputados del 5 de enero de 1932.
[10] Presidente del Gobierno D. Manuel Azaña, parte de su discurso en el Congreso de los Diputados del día 5 de enero de 1932.
[11] Presidente del Gobierno D. Manuel Azaña, parte de su discurso en el Congreso de los Diputados del día 21 de febrero de 1936.