VIOLENCIA ROJA Y AZUL
Ficha bibliográfica:
Autores: Francisco Espinosa Maestre (coordinador),
José María García Márquez, Pablo Gil Vico y José Luis Ledesma.
Título: “Violencia Roja y Azul” España, 1936-1950.
Ciudad: Madrid
Editorial: Crítica
Año: 2010
Páginas: 485
El coordinador del libro, Francisco Espinosa
Maestre, es doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad de
Sevilla. Su obra está centrada en la memoria histórica, Segunda República
Española, Guerra Civil, represión y dictadura franquista y especialmente sobre
las zonas de Andalucía y Extremadura.
Su compromiso con la realidad histórica le ha hecho
formar parte de diversas asociaciones para la recuperación de la memoria
histórica y ser muy crítico con el revisionismo creado por la derecha española.
El autor de la segunda parte del libro: “El triunfo
del golpe militar: el terror en la zona ocupada”, José Maria García Márquez ha catalogado los fondos judiciales
militares relativos a Sevilla y Huelva del Archivo del Tribunal Militar
Territorial Segundo. Cabe destacar entre sus obras La represión militar en La Puebla
de Cazalla, 1936-1943 (2007), La UGT de Sevilla. Golpe militar,
resistencia y represión, 1936-1950 (2008), Trabajadores andaluces muertos y desaparecidos
en el Ejército Republicano (2009)
y coautor de “La desinfección del solar patrio. La represión judicial militar
en Huelva (1936-1945)”, publicado en la obra coordinada por Mirta Núñez
Díaz-Balart La gran represión (2009).
Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona
republicana” es la tercera parte del libro y está escrita por el profesor universitario
José Luis Ledesma en el Departamento de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
Universidad Complutense de Madrid. Sus campos de investigación son la violencia
política; violencia y justicia; historia de la guerra; historia de la guerra
moderna; guerras civiles; II República española (1931-1936); Guerra Civil
española, 1936-1939; anarcosindicalismo; anticlericalismo.
Pablo Gil Vico es el autor de la cuarta parte del
libro. Es técnico archivero del Consejo General del Poder Judicial y doctor en
Historia Contemporánea. Es autor
de varios artículos y del libro La
noche de los generales: militares y represión en el régimen de Franco (2004). Actualmente investiga
el orden público durante la Segunda República a través de fuentes procesales.
Los cuatro autores tienen una línea de investigación
comprometida con la restauración de la “memoria histórica” y con la búsqueda de
todo tipo de fuentes que puedan ayudar al estudio de la Segunda República
Española, la guerra civil y el franquismo. Además, en el caso de Espinosa ha
tenido fuertes enfrentamientos con algunos de los revisionistas como Pío Moa.
El libro está dividido en cuatro partes claramente
diferenciadas y realizado por cuatro autores distintos, bajo la coordinación de
Francisco Espinosa Maestre y mantiene una línea de argumentación y una labor de
investigación totalmente impecables.
La primera de ellas hace una introducción al tema,
enfrentándose a la memoria y a la historia desde una perspectiva crítica tanto
contra las instituciones, partidos políticos, sociólogos, filósofos e
historiadores y en último término a una sociedad en general que llega a la
democracia con una carencia de conocimiento de una época bastante marcada.
Espinosa comienza el libro haciendo una exposición
del origen de la memoria en la Transición, cuando a nivel historiográfico
existía una gran escasez de trabajos de investigación sobre el periodo
republicano y de la guerra civil, mientras que lo único que existía seguía siendo
la propaganda del franquismo. Para explicar la tesis del olvido, utiliza como
inicio al general Salas Larrazábal y su estudio sobre la represión durante la
guerra civil española. El general, en estos primeros momentos de la
Transición, para mantener la amnesia
general y que el franquismo sociológico siguiese siendo respetado utilizó la
fórmula de aumentar el número de represaliados en el bando sublevado más allá
de lo que la propaganda franquista había reconocido nunca y a la vez mantenía
la cifra de asesinados por el “terror rojo” más elevada que la de sus rivales.
En esta primera parte se hace referencia a los
trabajos que van apareciendo sobre el tema y que van arrojando luz a un periodo
histórico que parecía estar vedado a los investigadores. Los trabajos irían
aumentando desde los primeros noventa hasta la actualidad, dejando en evidencia
las tesis franquistas, además del
Aunque difícil, la investigación ha sido posible
gracias a concienzudos historiadores y a la determinación de muchas personas
anónimas dispuestas a defender la memoria.
Durante la transición, Salas Larrazábal simplemente
venía a confirmar lo que los políticos habían consensuado. De esta manera se
hizo muy difícil investigar este pasado reciente en España y diferir de la
postura oficial. Los archivos que durante la dictadura habían sido de uso
exclusivo de historiadores militares, a partir de la llegada de la democracia
no mejoraría mucho la situación.
La Ley de Patrimonio Documental de 1985, es
claramente insuficiente y defectuosa y a nadie parece importarle que se estén perdiendo
documentos básicos para explicar nuestra Historia, ya sea por acción u omisión.
En este contexto, las universidades tampoco estaban
interesadas en promover trabajos de investigación en este sentido, cuando no
eran incluso, contrarias y beligerantes hacia ellos.
Aún así, el número de publicaciones iba en aumento y
el conocimiento de este periodo se iba esclareciendo mucho, pese a todo tipo de
trabas.
Estas publicaciones sitúan las cifras de la
represión franquista en una posición mucho más cercana a la realidad, salvando
las innumerables trabas con las que se encontraban, trabajos generales sobre la
represión y sobre todo locales y regionales que no sólo aumentan
considerablemente las cifras ya corregidas al alza de Salas Larrazábal, sino
que alcanzan cifras superiores a las 150.000 ejecuciones producidas por el
“terror blanco”, y nos ofrecen una visión mucho más pormenorizada de los
sucesos acaecidos.
Una vez emprendidos los primeros trabajos y nuevos
datos, habrá que luchar también contra historiadores anclados en las ideas o
demasiado atados a ellas y los nuevos revisionistas. En ese contexto aparecerá
como una bomba el estallido de la “memoria histórica” en forma de asociaciones
que buscan reparar nuestro pasado, unidas a esos nuevos historiadores que
luchan por dar a conocer sus avances en investigaciones, universidades, etc.,
hasta incluso el PSOE comienza un nuevo periodo en el que parece darse cuenta,
tras la mayoría absoluta del PP en el Parlamento, de que este partido anclaba
sus raíces en el franquismo y por ello podía ser atacado para mejorar los
resultados electorales y la imagen del PSOE.
Todos estos hechos parecieron haber llegado
demasiado lejos cuando el juez Baltasar Garzón abre una investigación judicial
en 2008 para identificar el número de personas enterradas en fosas comunes como
consecuencia del genocidio al que se acusaba a Franco y sus generales, así como
exterminio y crímenes contra la humanidad. Al PSOE, el tema ya le había dado el
rédito político suficiente para ganar las elecciones y su compromiso, ahora,
con la Ley de Memoria Histórica llegaba muy descafeinada, pero lo de Garzón no
sólo ofendió a toda la derecha española sino también a los dirigentes
socialistas que presenciaron aliviados la caída profesional de este juez, atacado
ferozmente desde distintos ámbitos, pero muy especialmente por la derecha,
desde el PP al Frente Nacional, asociaciones e incluso compañeros y sindicatos
fascistas, e incluso Falange Española.
En la segunda parte del libro, José María García
Márquez, realiza un detallado análisis de lo que fue el “terror blanco”. Para
empezar, se hace referencia a la falta de fuentes que permitan documentar de
forma sencilla las ejecuciones realizadas en la zona sublevada, especialmente
las muertes realizadas sin entrar tan siquiera dentro del terror de la
“justicia militar”. Evidentemente, esta ocultación fue premeditada desde el
primer momento y alentada por los dirigentes militares. Sin embargo, García
Márquez se adentra en la investigación valiéndose de todo tipo de
documentación, en parte, nos cuenta que la procedente de casos de intrigas y
envidias entre los mismos franquistas, así nos desvela algunos casos como el
del sargento de la guardia civil de Brenes que pudo cometer todo tipo de
fechorías y asesinatos pero pasado el primer momento en el que el mando
consideraba una necesidad la violencia represiva, además de ser ésta, siempre
ordenada y manejada por los superiores, muchos personajes como el sargento
Cuevas, que habían sido muy valiosos, ahora eran condenados por abusos sexuales
de todo tipo que ofendían al mundo católico al que decían defender. De la misma
forma nos cuenta el caso de Castilblanco de los Arroyos y las disputas entre el
jefe de falange de ese pueblo y el anterior médico al que señaló como izquierdista,
determinándose finalmente que se trataba de un caso en el que el jefe de
falange, Fernando Escribano que había asesinado a su tío por un asunto de
herencias. De esta manera, se pueden determinar muchos casos de esa violencia
represiva de los sublevados, pero como he dicho al principio, se escapa buena
parte de esa violencia que fue intencionadamente ocultada, especialmente la
relacionada con las mujeres, en muchos casos bajo una anotación que
representaba que había sido ejecutado por un “bando de guerra” (X-2).
Esta inmensa labor criminal, además de dejar rastros
en documentos, también dejó el país lleno de fosas comunes con miles de
cadáveres sin identificar en distintos lugares, muchos de ellos, no
investigados aún. Sin embargo, semejante genocidio no puede entenderse sin
suponer con acierto que hubo muchos cómplices, personas favorables al
levantamiento militar, así como quiénes aprovechaban el momento para prosperar
o sencillamente se integraban al nuevo orden establecido y lo hacían de la mejor
forma posible, identificando y señalando a las personas conocidas que estaban
relacionadas con el régimen republicano, sindicatos, partidos políticos, etc.,
cientos de confidentes y delatores que traicionaban a sus vecinos y familiares
que junto con los asesinos, no han podido ser juzgados y condenados. El motivo
principal, la ley de amnistía de 1977 y la traición de los dirigentes de la
izquierda española durante la transición que llegaron a la conclusión de
olvidar a sus muertos enterrados en fosas comunes a cambio de una democracia
dirigida desde el poder desde su nacimiento. De esta forma, tanto los medios de
comunicación por su parte, adoctrinando a la sociedad, como el propio miedo que
aún tenía esta sociedad a que se diera un nuevo levantamiento militar, hicieron
posible que se diera esta amnesia general que como venimos viendo va siendo
superada, tanto en multitud de trabajos de investigación, como en la
concienciación de la sociedad.
La tercera parte del libro está dedicada a la
violencia que se produjo en la zona republicana, esa que quedó bien reflejada y
estudiada por los historiadores franquistas y que fue utilizada como propaganda
por el régimen. Desde los inicios se enalteció la memoria de los caídos en zona
republicana, además de inflar esas cifras por cuestiones puramente
propagandísticas. De hecho, durante toda la dictadura e incluso en la
actualidad siguen existiendo en numerosos pueblos y ciudades con monumentos dedicados a la memoria de estos
muertos por la violencia roja.
Gil Vico expresa perfectamente lo que debió de
ocurrir en los primeros momentos del golpe militar. La sublevación provocó
directamente el odio, tanto en los lugares en los que no triunfó y
especialmente en los que tuvo que ser derrotada. Así, aunque con falta de noticias,
los sublevados habían comenzado con sus crímenes y ese iba a ser el detonante
de la aparición de la persecución y muerte de las personas relacionadas con la
derecha y que eran favorables a la sublevación militar. Al principio fueron
solo unos pocos en algunas ciudades del Sur y Barcelona y Madrid, donde la
sublevación había fracasado, pero al cabo de unos días las cifras de asesinatos
se habían disparado por toda la zona republicana, siendo la toma del cuartel de
la Montaña en Madrid uno de los episodios más violentos y a la vez que parecían
abrir un nuevo periodo en el que ya no habría vuelta atrás.
No es nada nuevo decir que existían odios y envidias
entre los españoles antes de 1936 pero lo que desató semejante violencia sería
el golpe de estado llevado a cabo por los militares sublevados. Ellos fueron
los que invitaron a decidir el destino con las armas y llevaron su
planteamiento de eliminación del enemigo hasta las últimas consecuencias. En
ese contexto de sublevación militar y apoyo de parte de la sociedad civil,
parece lógico el brutal resultado. De hecho, en la zona republicana no existen
pruebas, más allá de discursos políticos cuyo objetivo era sencillamente
político, como las que hay en las filas de los sublevados en los que
explícitamente el general Mola programa la eliminación física del enemigo. Este
aspecto sería así durante toda la contienda. Las autoridades republicanas harán
continuos llamamientos contra la violencia en la zona que dominaban, mientras
que los generales responsables del alzamiento ordenaban llevar a cabo la mayor
violencia posible para causar el caos y el terror. Aún así, la revolución
social y la fractura producida en la zona republicana dio lugar a numerosas
organizaciones de cada partido político o sindicato de izquierdas que estaban
dispuestos a impartir su propia justicia en diversas “Checas”. En ese contexto
se hacía difícil el control por parte de las autoridades republicanas el
regular la represión o violencia ejercida en su propio territorio y que sin
embargo iría calmando después de los primeros meses de guerra civil, donde
fueron especialmente sangrientos los del verano de 1936. Los llamamientos a la
compasión y a la cordura comenzaron a ser numerosos en la zona republicana
desde Azaña o Prieto hasta sencillos milicianos. Mención especial en este
sentido merece el “ángel rojo”, Melchor Rodríguez que se encargaría
personalmente de evitar numerosas ejecuciones y sacas e incluso de liberar a
presos.
En cualquier caso, el terror rojo, no difirió en sus
hábitos y en sus formas demasiado del terror blanco, ambos eran ejercidos sin
ningún tipo de defensa posible, hasta que se crearan los tribunales populares
que no garantizaban mayor seguridad a los detenidos. La acumulación de presos y
las ejecuciones sumarísimas se multiplicaban en todos los lugares dominados por
la república y sus desplazamientos eran utilizados frecuentemente para su
desaparición. De la misma forma aparecieron grupos de milicianos encargados de
la eliminación de simpatizantes del alzamiento en pueblos y ciudades donde los
comités locales identificaban a los enemigos y los venidos de fuera los
ejecutaban. En esa lógica de limpieza del enemigo que era utilizada por ambos
bandos, los municipios que más sufrieron fueron los que pasaban de unas manos a
otras hasta quedar instaurados claramente los frentes. Lo mismo ocurría cuando
llegaban noticias de matanzas en el lado de los sublevados o bombardeos o toma
de ciudades republicanas y también cuando llegaban presos huidos del otro lado
y contaban las atrocidades que habían visto.
Por otra parte, la violencia roja tenía unos claros
destinatarios que eran los empresarios, propietarios de la tierra y todos los
que en algún momento se hubieran decantado favorables a las ideas derechistas y
especialmente quienes apoyaron el alzamiento militar. Un capítulo especial
habría que dedicar a los religiosos, aunque muchos han sido los trabajos
realizados para conocer este aspecto de la violencia roja y sobre todo honrar
la memoria cuando no santificar a sus víctimas. La intensidad de la violencia
llevada a cabo contra este colectivo solo es posible explicar por el
anticlericalismo de una parte de la sociedad y especialmente a la rápida
afiliación de la Iglesia Católica con el alzamiento y su apoyo total que
acabaría dotando a los sublevados de un carácter cuasi de cruzada.
La violencia republicana alcanzó su cenit en Madrid,
a la altura del mes de noviembre una vez llegadas las tropas franquistas a sus
puertas y el gobierno partiese hacia Valencia. En ese momento fue la Junta de
Defensa la encargada de la defensa de la ciudad y todo indicaba que iba a caer
en manos de los franquistas. En ese momento las distintas cárceles de la ciudad
estaban abarrotadas de presos, en su mayoría oficiales del ejército que se
habían mostrado favorables al levantamiento militar. Lo ocurrido en esos días
fue el mayor acto de crueldad ocurrido en la zona republicana y se realizó de
forma bien organizada, lo que indica que tuvo que ser gestionado por quienes
tenían el poder en estos momentos en la capital y no sólo por Carrillo como
responsable de orden público. Además, la
inmensa cantidad de autobuses y camiones utilizados para transportar a los
presos hacia Torrejón y Paracuellos para ser ejecutados tampoco podía pasar
inadvertida. Lo paradójico del caso es que después de este trágico episodio la legalidad
republicana empezó a instaurarse en Madrid a partir del nuevo año, al final del
cual las distintas facciones que defendían la república se enfrentaban a
muerte, un poco antes que en Aragón y Cataluña dónde iba a aparecer una guerra
civil dentro de la guerra civil en la que después de una dura campaña se iba a
imponer también la legalidad republicana a partir de mayo de 1937.
Para finalizar, en esta última parte del libro,
escrita por Pablo Gil Vico se realiza un detallado análisis de la situación inmediata
a la entrada de las tropas franquistas en Madrid y el final de la guerra civil
con respecto a la justicia militar aplicada a los vencidos.
Así podemos ver como al terminar la guerra , la
represión se disfrazó de justicia, ante la necesaria y acuciante necesidad de
legitimar el régimen ante la sociedad y a la vez ofrecer una imagen de dureza
con los enemigos y piadosa y comprensiva con los que quisieran formar parte de
la “nueva España”. En realidad, se trataba de una venganza dirigida desde el poder
que mezclaba la propaganda en los periódicos y emisoras de radio con los
consejos de guerra contra procesados (culpables o no), en los que se difundía
hasta la saciedad el apresamiento, juicio y condena de los crímenes más
aireados de los franquistas, como el asesinato de López Ochoa, la toma del
cuartel de La Montaña y sus salvajes asesinatos o el del mismísimo José
Antonio.
Esta justicia, los consejos de guerra, etc.,
formaban parte de la maquinaria política de los sublevados desde el inicio de
la guerra, no sólo desde que la ganaron.
El régimen franquista pudo llevar a cabo su labor de
sometimiento del enemigo, después de una dura represión y una intensa actividad
propagandística. Pero además, la parte más importante fue la actuación de buena
parte de la población que contribuyó a la implantación del franquismo y que fue
cómplice de la persecución de todos los sospechosos contrarios a la sublevación
y también por el consentimiento de las democracias occidentales que no
quisieron enrarecer más el ambiente internacional.
Al inicio del alzamiento, las autoridades militares
utilizaban para llevar a cabo sus ejecuciones los bandos, dejando de lado la
falacia posterior de los tribunales. Durante los primeros meses, ni tan
siquiera se tomaron la molestia de dar un aspecto legal a las matanzas
cometidas sin ningún tipo de juicio, especialmente en las zonas de Andalucía
Occidental y Extremadura por donde iban sometiendo a la población las tropas de
regulares y de la Legión en su paso hacia Madrid., hasta la constitución en
noviembre del Alto Tribunal de Justicia Militar. En cualquier caso, se trataba
de una mezcla de parafernalia judicial, ocultación de datos y ejecuciones
sumarísimas encaminadas a la supresión del adversario desde el inicio del
alzamiento hasta la etapa posterior a la guerra civil con el inicio del régimen
franquista. En un segundo momento, comenzaron los juicios sumarísimos masivos
que ofrecieron condenas de una dureza que en nada difería de la arbitrariedad
asesina de los primeros meses, se trataba de la generalización de los consejos
de guerra.
El conjunto de los trabajos de los cuatro
investigadores es finalmente compacto y sigue una misma línea de argumentación,
siendo sencilla y ágil su lectura debido a la gran capacidad de los autores de
unir su capacidad narrativa y divulgativa de la Historia con un trabajo muy serio
de investigación documental y se ajusta perfectamente a los objetivos de
nuestra asignatura ya que los autores pretenden ahondar en la represión durante
la guerra civil.
Se trata de una obra cuyo objetivo es el
descubrimiento de la violencia en la retaguardia durante el periodo de la
guerra civil española, en todos sus aspectos. Desde desvelar el origen de esa
violencia en cada uno de los dos bandos, sus formas, etc., adentrándose en todo
tipo de fuentes que permitan descifrar los crímenes que los sublevados
escondieron metódicamente desde el principio.
Es una obra necesaria, aunque no enteramente
terminada, por la cantidad de pruebas de la ejecución de esa violencia que fueron
destruidas, lo que hace que la investigación sobre el tema deba intensificarse
y ahondar en nuevas fuentes. Esa ocultación de pruebas desde el inicio del
alzamiento y la posterior destrucción de documentación relacionada con la época
hace mucho más complicada la investigación de los historiadores, pero era
exactamente la intención de los autores de esa violencia franquista y que han
heredado muchos que se consideran parte del franquismo sociológico e incluso
otros muchos que no quieren saber absolutamente nada de un pasado tan violento.
Autor: José Luis Romero Carretero.
