El presente trabajo trata de forma general las causas,
desarrollo y consecuencias de lo que se vino en llamar “propaganda por el
hecho” en el periodo de tiempo comprendido entre 1877 y los primeros años del
S. XX, además de interpretar de forma crítica los acontecimientos ocurridos y
esclarecer hechos probados y no demostrados, todos ellos sujetos a debate.
Los primeros atentados anarquistas se produjeron en el año
1878, aunque no sería hasta el año 1892 cuando llegará la época más dura de la
violencia anarquista. En el año 1881, la “propaganda por el hecho” fue asumida
por un congreso internacional anarquista celebrado en Londres. Durante todo el
periodo tratado, no todos los anarquistas estuvieron implicados en estas
acciones individuales, se trataba de grupos reducidos sin una estructura
jerárquica. Normalmente los hombres de acción no tenían nada que ver con los
editores o intelectuales ácratas y provenían de las clases sociales más
desfavorecidas y marginales de la sociedad.
La “propaganda por el hecho” no era aceptada por buena parte
de los anarquistas que veían en acciones de solidaridad, asociacionismo,
educación o por la vía de los medios de comunicación la forma de llevar a los
obreros sus teorías, aunque finalmente, gracias a la persecución llevada a cabo
por la policía, los vergonzosos juicios a los que eran sometidos y sobre todo
las torturas y las formas de ejecución de los acusados, les acabaron
convirtiendo en mártires de la causa. De esta forma se conseguían los objetivos
de la propaganda por el hecho en el que un atentado violento era amplificado
por los medios de comunicación para causar el terror en las clases acomodadas y
teóricamente la afiliación de las clases oprimidas.
Lo primero que hay que tener claro es el significado de la
“propaganda por el hecho” y sus objetivos, así como también la inclusión de
estos actos violentos como terrorismo, o quizás el primer terrorismo aunque no
fuera hasta principios del siglo XX cuando tomara sentido como tal el termino
en los medios.
La formulación teórica de la aceptación de la “propaganda
por el hecho” es muy sencilla y se basa en el impacto que un acto terrorista
alcanzará en la sociedad gracias a los medios de comunicación. Ese fuerte
impacto del atentado terrorista tiene dos objetivos, el primero es causar el
terror en las clases dirigentes y un segundo objetivo mucho más importante que
es el llevar la idea de revolución social a toda la clase obrera.
Finalmente, la experiencia violenta de esos años no
respondió a los objetivos planteados y los resultados de una adhesión masiva a
la causa anarquista no se ajustó a la realidad. No existen muchos estudios al
respecto, pero no parece que fueran muchos los nuevos seguidores después de
esta experiencia violenta, bien al contrario, tanto en Francia como en España,
tanto la burguesía como buena parte de la clase obrera, vieron con horror estos
atentados terroristas indiscriminados, produciéndose así el efecto contrario al
que se pretendía en principio. En el caso español es muy complicado saber hasta
que punto la enorme implantación del anarquismo en España podría haber tenido
que ver con esta “propaganda por el hecho” y no por la miseria del campo.
En nuestro país, la actuación de los anarquistas fue
especialmente cruenta y continuada en el tiempo.
Los primeros acontecimientos graves tuvieron lugar como
consecuencia de la frustración en las acciones llevadas a cabo por los
anarquistas en las jornadas siguientes a la celebración de la fiesta del 1º de
mayo en el año 1891, diferenciándose ya claramente del reformismo socialista
que pretendía que las autoridades escuchasen sus reivindicaciones. Los
anarquistas extendieron la huelga durante varios días y discurrió con duros
enfrentamientos con la policía y con la explosión de varios petardos.
La actividad anarquista continuaba su labor didáctica y
revolucionaria tanto en el medio rural como en el urbano. Va a ser en el
primero en el que van a acontecer los “sucesos de Jerez” en los primeros días
de enero de 1992, protagonizado por varios cientos de braceros procedentes del
campo que tratarán de tomar la cárcel sin éxito y que marcharon por la ciudad
varias horas en las que asesinaron a dos personas que nada tenían que ver con
el poder. La represión posterior por esta acción, sería desproporcionada por
parte de las autoridades y las condenas ejemplarizantes, habiéndose realizado
bajo acusaciones en las que los condenados presentan claros síntomas de haber
sufrido torturas y sin ofrecer las menores garantías a los acusados. Ésta será
una constante en todas las actuaciones policiales y judiciales de esta década.
En menos de un mes se juzgó, se condenó y se ajustició a los
declarados culpables, pasándose así, de lo que podría haber sido “propaganda
por el hecho”, mezclada con grandes dosis de mesianismo en el que los
levantamientos cíclicos en el campo motivados por epidemias o hambrunas se
venían produciendo desde antiguo, de ahí vamos a pasar a la “propaganda por los
mártires, otro hecho que se repetiría tras la opresión desproporcionada de las
autoridades después de cada atentado.
Realmente, el primer mártir anarquista español fue Pallá, un
obrero de Barcelona que lanzó una bomba durante un desfile militar al capitán
general de Cataluña, Martínez Campos, en
1893, hiriéndole levemente y provocando varios heridos más. Pallás admitió su
crimen, no intentó huir y durante todo el juicio y hasta ser condenado, mantuvo
su postura y su templanza, reivindicando sus ideas hasta el momento de su
ejecución.
Mucho más sangriento sería el atentado que tendría lugar
también en 1893 y dirigido contra la burguesía representándolo en el Liceo de
Barcelona, con el resultado de 20 personas muertas y 27 heridas, a lo que el
gobierno respondió suprimiendo las garantías constitucionales para que la
policía pudiera llevar a cabo su tarea represiva con detenciones
indiscriminadas, torturas, etc., y la burguesía pidiendo a las autoridades un
castigo ejemplar. Se llegaría a detener hasta 260 anarquistas según la policía
aunque la prensa anarquista hablaba de cifras muy superiores. No sólo se
detenía a quienes frecuentaban el centro de carreteros sino que se detenía
también a sus familias que pasaban a ser recluidas en prisión custodiadas por
monjas que insultaban y humillaban a las mujeres, como ocurrió con las familias
de Ascheri y Mas, acusados en el atentado de la procesión de la Iglesia de
Santa María y que a la postre fueron obligadas a contraer matrimonio con sus
parejas bajo la amenaza de retirarles a sus hijos si no se accedía a volver a
la fe católica y casarse como cristianos.
En estos casos, siempre se hablaba de un complot
internacional pero la realidad era que los atentados eran cometidos de forma
individual. Otra vez parece obvio que se volvió a utilizar la fórmula de los
malos tratos para conseguir que los acusados se declararan culpables.. De esta
manera José Codina, Bernat, Sogas y Cerezuela se confesaron culpables ante el
teniente de la guardia civil, Portas. Teniendo en cuenta que poco después, en
enero de 1894 se detuvo al autor del atentado, Santiago Salvador y que contra
los anteriores no existía prueba alguna, parece evidente que las confesiones de
culpabilidad debieron de ser obtenidas mediante torturas. Sin embargo, lejos de
admitir errores y liberar a los inocentes, se continuó con la línea dura de
represaliar a los anarquistas, fueran o no culpables de algún delito. De esta
manera, la justicia, una vez detenido Salvador, el verdadero culpable del
atentado del Liceo, el resto de detenidos se les acusó de ser cómplices de
Pallás en el atentado contra Martínez Campos, cuyo caso volvió a ser abierto.
Finalmente fueron seis los condenados a pena de muerte contrastando el fallo de
este jurado militar mucho más duro e injusto que el civil que llevó a cabo el
juicio de Salvador en el que fue condenado a morir mediante garrote vil al ser
demostrada su culpabilidad pero el resto de procesados al no poder encontrar
pruebas contra ellos fueron puestos en libertad.
Según esto, parece claro que dependiendo de si se trataba de
un jurado civil o militar, el resultado era muy diferente. Desde el poder se
pretendía el escarmiento de los anarquistas y no el esclarecimiento de la
justicia ante los atentados, a la vez que se temía que los jurados civiles
pudieran sentir miedo a alguna represalia y se absolviera a los encausados.
Después de estos atentados, la persecución de anarquistas
como hemos visto fue brutal, igual que la persecución y la represión continua,
las detenciones y las torturas, indiscriminadas y los escarmientos ejemplares.
Desde el poder existía una guerra directa contra quienes profesaban ideas
anarquistas y se veían inducidos a esa represión que a veces alcanzaba a todo
el movimiento obrero, gracias a los patronos, la iglesia católica y las gentes
de orden que alentaban esa persecución y que se creara una ley antianarquista
específica para endurecer las penas y favorecer su persecución. La nueva ley
llegaría en 1894, no difería en exceso de las leyes que existían en otros
países europeos que también sufrían la violencia anarquista. Lo que si fue
diferente aquí, fue la continua puesta en práctica de medios no legales, tanto
en detenciones como una vez en prisión la aplicación de malos tratos continuados
o la manipulación en los distintos procesos.
Pero la espiral de violencia estaba lejos de terminar. Tras
la brutal represión llegó de nuevo un atentado en 1896, esta vez dirigido
contra la iglesia católica durante la celebración de la procesión del Corpus de
la iglesia de Santa María del Mar en la confluencia de las calles Cambios
Nuevos y Arenas de Cambio. En este brutal atentado murieron doce personas y
ninguna de ellas pertenecía ni al clero ni a la burguesía. Todas las víctimas
eran gente del pueblo, personas de a pie que formaban parte de la comitiva de
la procesión. La repulsa y la condena en todos los diarios pidieron un castigo
ejemplar, los socialistas lo condenaron y los conservadores llegaron a pedir,
junto con la iglesia católica, la persecución de las ideas, no sólo anarquistas
sino incluso las liberales.
El clima de odio y de venganza era generalizado por lo que
la policía nuevamente volvió a poner en marcha sus métodos indiscriminados de
persecución y detenciones. Según los datos oficiales, llegaron a ser 424
detenidos, lo cual desbordaba la capacidad de las autoridades. Realmente los
medios con los que ésta contaba eran muy limitados tanto en presupuesto como en
personal. La actuación policial fue arbitraria y a ciegas y tenía como
objetivo, nuevamente, dar un castigo ejemplar a las agrupaciones obreras sin
prestar demasiada atención en encontrar a los verdaderos culpables. De hecho,
el autor material del atentado nunca fue detenido y pasó sus días
tranquilamente en Argentina hasta que le llegó la muerte de anciano.
Las autoridades aprovechando la indignación que el atentado
había producido en todas las capas de la sociedad, aprovechó para escarmentar y
vengarse de los grupos opuestos al sistema, desde los anarquistas hasta los
republicanos, pasando por los socialistas, pero también de los obreros
participantes en huelgas y manifestaciones o simplemente líderes de los
trabajadores dentro de las empresas denunciados por los patronos o también
aquellos que no practicaban con celo la fe católica y eran denunciados por las
autoridades eclesiásticas.
Los mismos métodos, las mismas conclusiones, se hablaba de
complot internacional, siempre, aunque obviamente nunca fue probado, se
recurría una y otra vez a la incriminación de los detenidos en atentados
pasados para no ponerlos en libertad aún sin falta de prueba alguna.
El daño provocado tras este atentado sobre todo el
movimiento obrero había sido inmenso, se habían prohibido publicaciones
anarquistas, los centros de reunión clausurados, los ateneos y cientos de
anarquistas detenidos en las cárceles o huidos de la ciudad.
El gobierno conservador de Cánovas vio el clima favorable
para aprobar en septiembre de 1896 una nueva ley para agravar las penas contra
los anarquistas y que sus atentados fuesen juzgados por la jurisdicción militar
y poder mandar al exilio a quienes de una forma u otra propaguen las ideas
anarquistas.
La trilogía anarquista, al menos simbólicamente, se había
cumplido, se había atentado contra el Estado en la persona del capitán general
de Cataluña, Martínez Campos; se había atentado contra la burguesía,
simbolizado en el Teatro Liceo de Barcelona y se había atentado contra la
iglesia católica representado en la procesión del Corpus de la Iglesia de Santa
María.
Los juicios realizados contra los detenidos habían sido
manipulados, se incumplió la ley por parte de las autoridades, los procesos
estuvieron repletos de irregularidades, se practicaron torturas y malos tratos
de forma indiscriminada para obtener declaraciones de culpabilidad por parte de
los acusados, como hemos visto inculpándose los inocentes para que terminasen
las torturas como en el atentado de las calles Cambios Nuevos y Arenas de
Cambio por el que se ejecutó tras el desastroso y vengativo proceso de
Montjuich en el que finalmente fueron ejecutados cinco anarquistas, Ascheri,
como autor material (ya vimos como la confesión de autoría era falsa, puesto
que el autor material de los hechos había sido Girauld que a la postre no había
sido ni detenido), y Molas, Nogués, Alsina y Mas como coautores y otras veinte
personas fueron condenadas a distintas penas.
Los atentados personales que no fueron realizados mediante
explosivos también se dieron en este periodo. El realizado contra el teniente
Portas que sería destacado jefe militar de la guardia civil en la lucha contra
las huelgas y manifestaciones y felicitado y condecorado por sus actuaciones en
los procesos más importantes contra anarquistas
(con el tiempo llegaría a General, gracias a los servicios
prestados). El intento de asesinato se produjo mediante disparos dentro de un
vehículo mientras se encontraba con otras personas en su interior. El autor del
atentado, Ramón Sempeu, huyó hasta finalmente ser detenido después de un cruce
de disparos que serían aprovechados por la defensa para que finalmente un
tribunal popular absolviera al imputado. Algo parecía haber cambiado en la
actuación de las autoridades, o simplemente se trata de una buena defensa por
parte del abogado dentro de la jurisdicción civil en un proceso en el que se
guardan todas las garantías y no se manipula.
Tras otro atentado personal, en este caso, contra el
presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, el día 8 de agosto de
1897 mientras se encontraba reponiéndose de unas dolencias, acompañado de su
esposa en el balneario de Santa Agueda en Guipuzcua, fue asesinado a tiros por
el anarquista italiano Michelle Angiolillo que declaró haber cometido el
atentado por venganza de los asesinados en el Castillo de Montjuich tras el
juicio por el atentado contra la procesión del Corpus de la iglesia de Santa
María.
El primer periodo de violencia anarquista en España se
cierra precisamente con el asesinato de Cánovas y los protagonistas, tanto el
Estado como los anarquistas, después de valorar como negativo el periodo parece
que van a llevar a cabo un cambio estratégico. Desde el Estado se va a insistir
en que no se produzcan malos tratos por parte de los encargados de realizar los
procesos y los anarquistas van a comenzar un periodo que aunque no de calma, va
a disminuir considerablemente los atentados realizados por la “propaganda por
el hecho” en beneficio del crecimiento sindical y las acciones contra objetivos
concretos.
La diferencia con el resto de los países de nuestro entorno
y con EEUU estaban en que si bien éstos actuaban de forma enérgica contra el
anarquismo violento, se llevaba a cabo en procesos en los que se aplicaba la
justicia de forma sistemática al contrario de lo que ocurría en España como
hemos visto. De esta forma, los anarquistas pasaban de ser criminalizados a mártires.
Por otra parte, la evolución democrática en estos países, además de verse en el
poder judicial, también se muestra en el hecho de que los partidos
socialdemócratas trabajan ya de forma habitual en sus parlamentos y los
derechos sociales han evolucionado al contrario de lo que ocurre en España. Los
desmanes cometidos por las autoridades españolas serán transmitidos por toda la
prensa internacional, motivo por el cual parece que con el nuevo siglo va a
haber un cambio por parte del Estado.
Durante la primera década del siglo XX, se pueden distinguir
dos partes con respecto a la violencia anarquista, la primera desde 2003 hasta
el 2007 y la segunda desde esa fecha hasta 2009.
En este periodo van a ser muy distintos los tipos de
atentados, desde la indiscriminada colocación de bombas sin aparente objetivo
hasta los atentados personales contra el Presidente del Gobierno, Antonio Maura
o contra el rey Alfonso XIII. En cualquier caso, no se puede separar, la violencia
desatada por la conflictividad laboral, la revolucionaria y los atentados de la
“propaganda por el hecho”. Además, en este periodo el individualismo violento
va a dar paso al desarrollo sindicalista aunque la acción violenta individual
podía asustar a posibles candidatos a formar parte de los sindicatos con
presencia anarquista.
De todos modos, la represión siguió siendo muy dura y aunque
las autoridades nacionales pedían moderación, en los distintos distritos, las
autoridades regionales seguían actuando con los mismos métodos. Aún así, todo hay
que tomarlo con relativa moderación. Tras la Huelga General de 1902, el
ejército salió a la calle para reprimir al pueblo de Barcelona causando
numerosos muertos, heridos y centenares de detenidos. Los anarquistas saldrían
de nuevo perjudicados mientras que los socialistas habían mostrado una actitud
contraria a la huelga. De la misma forma tras los sucesos de Alcalá del Valle
en los que los anarquistas se hicieron con el pueblo hasta la llegada de la
guardia civil que hizo 118 detenidos. Ambas acciones serían frustradas y la
represión aireada en los periódicos anarquistas.
Ante la represión, los anarquistas contaban con la defensa
de la brutalidad policial, las acusaciones de malos tratos e incluso con las
acusaciones contra los poderes del Estado en la colocación de bombas y la
perpetración de atentados. En este caso, sería definitiva la condena como autor
de esa colocación de bombas en Barcelona el teniente Morales que parece que las
ponía para después encontrarlas mediante investigaciones y así poder “colgarse
medallas” ante sus superiores. Los medios anarquistas iban más allá y acusaban
al Estado de estar detrás de muchas de esas colocaciones de bombas, de hecho,
no parece muy normal el hecho de que un simple teniente tenga relación directa
con el gobierno.
Durante toda la época tratada, tanto anarquistas como
republicanos tuvieron contactos muy estrechos que les hacían tener objetivos
comunes aunque evidentemente sus fines eran distintos. Para los republicanos
había que acabar con la monarquía para instaurar una república mientras que los
anarquistas pretendían acabar con todo tipo de poder del Estado. Por otra
parte, los últimos creían que la forma correcta sería un levantamiento popular
tras el magnicidio mientras que los primeros mantenían relaciones con militares
rebeldes para llevar un pronunciamiento después del atentado. Aún así, en
España mantenían buena relación esas tendencias como se demostraría con la
preparación y ejecución de los atentados contra el rey Alfonso XIII.
Aunque el deseo de atentar contra el rey viene desde el
momento mismo de su coronación, el primer atentado real que sufrió fue durante
su visita a París, después de salir de la ópera al paso de su coche en una
intersección de calles, estalló una bomba que no consiguió matar ni a Alfonso
XIII ni al presidente de la República francesa que viajaba con él. En realidad
la trama ya había sido descubierta por la policía francesa meses antes. La
justicia señaló como culpables a Malato, Vallina, Harvey y Caussanel pero pese
a que todas las pruebas parecían indicar su complicidad, el jurado les absolvió.
Parece claro que el autor material había sido un tal Farrás que nunca fue
encontrado por lo que el caso quedó sin resolver. Como vemos, la justicia en
Francia era más legitimista y se basaba en las pruebas, además de no interferir
en los procesos con malos tratos, torturas, etc.
Al año siguiente el rey iba a contraer matrimonio con
Victoria Eugenia de Battenberg y las informaciones que le llegaban desde
Francia eran de que los anarquistas estaban teniendo mucha correspondencia y
había mucho movimiento entre franceses y españoles. De hecho, el tal Farrás que
atentará en Francia contra el rey, podría ser Mateo Morral. De nuevo, en la
preparación del atentado debió haber republicanos y anarquistas. El día 31 de
mayo al paso de la comitiva real, tras la boda, a la altura del número 88 de la
calle Mayor, Mateo Morral desde el cuarto piso de un hostal lanzaba una bomba
al paso del carruaje sin alcanzar a la familia real aunque si a muchos personas
que resultaron heridas y otras 23 muertas. Morral se dio a la fuga pidiendo
ayuda a algunos amigos de Ferrer (era presuntamente el que ponía el dinero para
cometer el atentado) y a la postre implicándolos como cómplices. En su huida, a
la altura de Alcalá de Henares fue parado por un guardia al que disparó y mató,
suicidándose posteriormente y enlazando de alguna forma así con los mártires de
la propaganda por el hecho.
Las conclusiones más tangibles son que la violencia
anarquista de finales del siglo XIX y principios del XX, con toda su crudeza
por parte de los anarquistas y también de las autoridades españolas no dio los
resultados que unos y otros pretendían.
La propaganda por el hecho había alejado a buena parte de
los obreros que podrían haber hecho causa común con las ideas anarquistas
debido a la brutalidad de algunos de sus atentados en los que murieron
ciudadanos que nada tenían que ver con los grupos privilegiados contra los que
supuestamente iban dirigidos estos atentados.
Otra cuestión importante, es señalar que los atentados
anarquistas eran individuales, a lo sumo, con ayuda de pequeños grupos, nunca
de una organización amplia y mucho menos aún de un complot internacional como
insistían las autoridades en señalar. De hecho, la mayoría de los anarquistas
se decantaba por la línea pacífica para la profusión de sus ideas.
También es de señalar el alargamiento en el tiempo de la
violencia anarquista en nuestro país, mientras que en los de nuestro entorno
gracias a una aplicación justa de las leyes y a unas administraciones más
democráticas que concedían algunos derechos a los trabajadores, las ideas
anarquistas más radicales habrían dejado de tener sentido.
De esa manera, gracias a los procesos llenos de
irregularidades, detenciones masivas, represión ilegal, torturas, etc., no sólo
los anarquistas sino toda la sociedad se manifestó contraria a las autoridades,
especialmente en el ámbito internacional dónde la prensa miraba con perplejidad
la falta de principios democráticos y mínimamente éticos de los dirigentes
españoles y de su policía.
Lo que ocurría en España era que las clases dominantes no
permitían que las organizaciones obreras tuvieran espacio alguno y pudieran
poner en peligro algunos de sus privilegios y azuzaban al Estado para que las
persiguiera. De esta manera se entró en una espiral de violencia,
represión-atentado de la que era muy difícil salir, aunque parece que en el
nuevo siglo, unos y otros van a cambiar progresivamente de estrategia.
