Algunas cuestiones sobre un libro que he leído recientemente:
“MEMORIA Y OLVIDO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA”
de Paloma Aguilar Fernández.
La autora cree que el
pasado no es inmutable y puede ser creado y recreado, siendo la actualidad la
que hace a la sociedad fijarse en un momento u otro de la Historia. El control
del pasado es crucial para conseguir la legitimidad del presente.
En la transición se
llega al acuerdo de la responsabilidad compartida en la Guerra Civil y sus
atrocidades, “locura colectiva”. Nunca más un drama semejante y a eso deben
contribuir partidos políticos, sindicatos, empresarios y banqueros,
“reconciliación nacional”.
El libro señala un
“silencio deliberado sobre el pasado reciente y una obsesión sin límites por la
paz y la estabilidad. Se trata de un recuerdo dramático, aunque la mayoría no
vivió la Guerra Civil, se trataría de una memoria heredada. El libro hace
también un análisis del discurso político acerca de la Guerra Civil.
En la transición se
llegó a un acuerdo tácito entre las élites para silenciar el pasado que
provocaba inseguridad en los ciudadanos y se temía por los viejos rencores
todavía muy vivos. Cada persona tiene sus propios recuerdos (propios o de
familia) y su propia versión de la historia y esto podría ser utilizado como
arma arrojadiza por unos y otros.
Durante el primer
capítulo, se analizan de forma general, colectiva, heredada, las memorias de la
sociedad y las memorias oficiales por contraposición a la historia que da
cuenta del pasado a través de la investigación profesional en las fuentes.
Aún así, la memoria cumple
su función, acercando así a los miembros de cada generación que han compartido
espacio y tiempo. Las memorias ajenas ayudan a completar la memoria individual.
El libro también
analiza el presentismo o la reconstrucción del pasado en función de los
intereses políticos del presente, el taxidermismo y finalmente el olvido que en
el caso concreto que nos ocupa fue suscrito sin el perdón ni la conciliación sino
por la amnesia y el deseo de paz, siguiendo fielmente la tesis defendida por
Nietzche.
También nos dice en
este primer capítulo que el aprendizaje político y la modificación de los
ideales son posibles, así como que ciertas ceremonias y monumentos influyen en
la creación de la memoria colectiva, la cual queda completamente impresa por la
transmisión de instituciones como la familia, el colegio, el Estado y la
Iglesia.
El régimen franquista
se preocupó de transmitir el miedo a una nueva contienda y pretendió dar
legitimidad a su existencia, más que por el hecho en sí de su origen, por la
propia gestión, aunque como dijera Tusell, no se tratará de un régimen
totalitarios, entendido éste como un estado omnipresente, aunque si que fueron
sus pretensiones iniciales, los acontecimientos internacionales posteriores,
aunque los acontecimientos internacionales posteriores, la derrota del eje en
la II Guerra Mundial, lo convirtiesen en un régimen autoritario, con una
fractura en principio débil pero que se fue acentuando, especialmente a partir
de los años sesenta en que el control sobre la producción cultural y en la
Universidad se irá reduciendo y aparecerá una brecha. De tal forma que en el
momento de la transición, además de la memoria oficial de la Guerra Civil,
también existía otra memoria tangencialmente contraria, por lo que en los
primeros momentos se temió por el enfrentamiento.
Lo cierto es que
finalmente, la paz y la prosperidad se convirtieron en el principal elemento
legitimador del régimen franquista, siendo sus fuentes principales de
propaganda el NO-DO y los libros de texto en las escuelas, realizando la autora
un estudio exhaustivo de ambos para constatar la certificación de la evolución
de la visión heroica de la Guerra Civil y la legitimidad de origen, hasta la
nueva versión oficial de la legitimidad por la gestión.
Los edificios
simbólicos del franquismo como el Valle de los Caídos o el Arco de Triunfo,
tampoco sirvieron como elementos para la unión sino para la glorificación del
régimen, aunque éste debió modificar su simbología fascista al terminar la II
Guerra Mundial.
La dura represión que
siguió a la Guerra Civil se fue moderando con el paso del tiempo aunque el
recuerdo de la contienda siempre estaría en la mente de los vencedores y no permitirían
la menor desviación política ni social. Aún así el régimen mostraba cierta
moderación, obligada por los acontecimientos internacionales y más tarde,
pasadas dos décadas del inicio del franquismo, aparecerá una tendencia
reconciliadora aunque no fuera muy convincente, ni tampoco muy sincera. El
mismo Fraga lo refleja a la altura de 1973, argumentando la legitimidad del
régimen en la paz, una paz que a su juicio llegó por la victoria merecida de
los sublevados en la Guerra Civil y la justificación de ésta y del origen del
régimen franquista. Algunos personajes influyentes del falangismo, como
Ridruejo si que evolucionaron hacia posiciones democráticas y claramente
antifranquistas. En cualquier caso, el régimen franquista estuvo muy lejos de
reintegrar a los perdedores en la Guerra Civil lo que habría permitido el
pluralismo político y se hubiera corrido el riesgo de volver a un sistema
democrático que estaba precisamente en el origen del alzamiento militar de
junio de 1936.
Paloma Aguilar defiende
que las transformaciones sociales, la paz y la estabilidad, además del
crecimiento de las clases medias nacidas gracias al franquismo, será de suma
importancia para llevar a cabo el proceso de transición lo que va a dejar sin
protagonismo alguno a los vencidos en la Guerra Civil Española.
Las transformaciones
sociales que se produjeron en el franquismo, aunque de forma demasiado lenta,
fueron decisivas para realizar una transición pacífica. Los años sesenta fueron
decisivos en la transformación definitiva de España que pasó a ser, de un país
agrícola, a ser un país industrializado y urbanizado en el que los tecnócratas
impusieron el capitalismo y el liberalismo económico de una forma progresiva. De
esta forma, la España de 1975 no es la de los años treinta, el éxodo rural y
los cambios producidos hacen que los pequeños y medianos agricultores no sean
movilizables a las viejas consignas conservadoras e incluso la Iglesia está con
el cambio y tiene una actitud favorable, contrariamente a lo ocurrido durante
la II República.
De la misma forma, el
movimiento obrero había cambiado mucho, la CNT perdió el protagonismo que había
tenido en el mundo obrero desde finales del siglo XIX, manteniéndose en la
clandestinidad y reducido al mínimo el sindicato UGT.
La OSE fue
el único sindicato legal en España desde el final de la contienda civil hasta
1976. Toda la acción sindical va a estar desarrollada por "el
movimiento" desde la aplicación de la Ley de Unión Sindical de 1940.
Así,
trabajadores y empresarios se mantenían en una unión que estaba en sintonía con
la negación de la lucha de clases y apoyo mutuo entre todas ellas,
desapareciendo las antiguas organizaciones sindicales como UGT y CNT que
pasaban a la clandestinidad. Aún así, el régimen iba a permitir un mínimo de actuación
a los antiguos sindicalistas y a otros pertenecientes a las distintas familias
del régimen dentro de los sindicatos oficiales.
De este modo
iba a existir cierto margen a la disidencia desde el principio, especialmente
los relacionados con el catolicismo social, como los sindicatos agrarios
católicos, etc. Dentro de ese entramado van a aparecer los primeros
"antiguos sindicalistas" actuando dentro del Sindicato Vertical
aunque su posición era precaria y sus peticiones nulas.
A comienzos
de los sesenta también aparecieron grupos de oposición sindical basada en el
obrerismo católico y desde donde pudieron trabajar antiguos miembros de la CNT
y de la UGT a la vez que aparecían algunos grupos aconfesionales como USO o La
JOC que tenía implantación obrera internacional y ahora España pertenecía desde
mediados de los cincuenta a organizaciones internacionales como la OIT como
consecuencia de la
aparición de
la Guerra Fría y la parcial aceptación del franquismo en organismos
internacionales.
Por otra
parte, algunos partidos comunistas de la Europa Occidental dieron origen a lo
que llamarían “eurocomunismo” que aceptaba la democracia liberal y se alejaba
de la III Internacional Socialista, lo que sin duda sería favorable para que
posteriormente, en la semana santa de 1978, Adolfo Suárez legalizara el PCE con
la opinión contraria del Ejército y del franquismo sociológico.
El caso de los nacionalismos había sido
igualmente reprimido con dureza en favor de un estado unitario, destruyendo la
concepción autonomista del periodo republicano.
El
nacimiento del nacionalismo radical vasco y el grupo terrorista ETA durante los
sesenta luchará contra el Estado y serán a su vez reprimidos por éste.
Durante la
transición, la banda terrorista ETA llevará a cabo algunos de sus atentados más
sangriento. Las muertes producidas por estos atentados y las que provocaban los
grupos de ultraderecha y la policía era lo más parecido que podía verse con
respecto a los momentos de más violencia durante el periodo republicano.
También era
completamente distinta la situación internacional con respecto a los años
treinta. La democracia republicana llegó justo en el momento de crisis
económica posterior al Krack de la bolsa de Nueva York en 1929 y el auge de los
totalitarismos fascista y comunista.
La situación
era bien distinta, el escenario era el de la “guerra fría” que era el que
finalmente había dado alas y había confirmado la dictadura franquista por su
anticomunismo manifiesto. Tanto EEUU con las bases militares desde los
cincuenta con la Europa Occidental van a apoyar y fomentar la restitución
democrática en España.
Muchos
habían sido los cambios que se habían producido con respecto a los años
treinta, pero principalmente dos van a jugar un papel determinante para que no
se reprodujera una guerra civil. El primer motivo es el contexto económico,
político y social completamente diferentes como ya se ha expuesto y proclive a
algunos cambios, de la misma forma que una postura individualista dominante de
nuestra sociedad y el miedo a que se repitiesen los mismos supuestos errores que
en la década de los treinta, llevó a evitar por todos los medios que se pudiera
actuar de forma parecida, lo cual no dejaba de legitimar en cierta medida el
régimen franquista. Esta memoria histórica va a ser la que va a predominar en el
pensamiento de los españoles.
Dentro del
nuevo diseño institucional se tuvo muy en cuenta que no se asociase el nuevo
periodo democrático con el periodo democrático republicano. Para ello, se tuvo
en cuenta la inclusión de una monarquía moderadora, cosa que parecía fácil ya
que el mismo Franco había señalado como sucesor a título de rey a Juan Carlos
desde 1969 y así fue como ocurrió tras la muerte del dictador. Sin embargo,
Juan Carlos, aunque de forma lenta, emprendió un camino hacia la democracia que
inició con la Ley de Reforma Política.
Todos
tuvieron que renunciar a parte de sus peticiones en favor del consenso,
mientras que la prensa suavizaba todo recuerdo de la Guerra Civil. En cualquier
caso, el miedo a la repetición de la guerra y el deseo de paz estaba en todos
los actores políticos y en la propia sociedad española.
La autora
tiene una visión oficialista sobre el periodo de la transición justificado por
la voluntad de consenso y paz, ofreciendo a la Corona como un actor principal
del escenario, junto con las instituciones del Estado y el llamado “franquismo
sociológico”.
Por otra
parte, el libro realiza un acertado estudio sobre la memoria y el aprendizaje,
la influencia que los estados totalitarios y autoritarios pretenden realizar
sobre éstos y obtiene como conclusión, que finalmente, gracias a la democracia,
las memorias de los pueblos renacen. En este último caso, no estoy convencido
de esa afirmación, la democracia como sistema político defiende sus propias
ideas y su propia existencia, manipulando igualmente el aprendizaje a través de
la educación, los medios de comunicación, etc., y creando su propia memoria. Es
posible que sus métodos sean menos groseros pero lo que es seguro es que sus
resultados son más satisfactorios.
Las figuras políticas de primer orden
del franquismo, no fueron los responsables de la Transición pero sí que
llevaron a cabo una actividad política muy importante marcando los límites y
sobre todo defendiendo sus criterios, como afirma Paloma Aguilar, una parte
importante del franquismo no estaba dispuesta a renunciar al franquismo y a la
victoria en la Guerra Civil.
Con respecto a los cambios producidos
durante los setenta, una personalidad tan autorizada como era Fernández de la
Mora, señala tres razones poderosas para acabar con lo que él y el resto de la
derecha creían un Estado perfecto, refiriéndose a la dictadura de Franco. Estás
razones serían, primero, la intervención extranjera, según su criterio, el
resto de naciones necesitarían una España debilitada. También condenaría el
resentimiento de los perdedores en la guerra civil y por último, las rencillas,
frustraciones y ambición de poder de muchos de estos políticos procedentes del
franquismo que no habrían podido conseguir sus aspiraciones dentro de la
dictadura.
Estos políticos, no tenían ningún
interés en destruir las instituciones del régimen franquista ya que
formaban grupos de élites o partidos distintos con intereses comunes que
pretendían constituir una gran alianza de derechas. Nunca serían rupturistas,
pretendían el continuismo político con pequeños cambios no estructurales, sin
tocar el fondo de los principios del “Movimiento”. Sin embargo, forzados por
las relaciones internacionales, un nuevo grupo de franquistas de segundo orden
fueron los llamados a formar parte de ese suceso histórico que fue la
Transición.
La muerte del general Franco el 20 de
noviembre de 1975 y la proclamación de Juan Carlos I como rey de España
siguiendo el nombramiento hecho por el dictador en 1969 por el que además se
saltaban los derechos dinásticos que aún conservaba el padre del rey, Juan de
Borbón, va a suponer el inicio de ese periodo que se ha bautizado como
“transición”.
La proclamación de Juan Carlos fue
posible gracias a la Ley de Sucesión de 1947 y a la designación de éste a
título de rey como sucesor por el mismo Franco. Se trataba de dar continuidad
al franquismo y a sus instituciones y en ello estaban todos los jerarcas del
régimen y gran parte de la clase media o “franquismo sociológico” que parece
ser que fueron fundamentales para la consecución de la Ley Orgánica del Estado
en 1967 y era hasta donde en principio estaban dispuestos a abrir el régimen
franquista y su “democracia orgánica” los partidos que se formaron para
defender las instituciones franquistas que luego crearían Alianza Popular.
Sin embargo, la monarquía de Juan Carlos
I que aceptó la legitimidad procedente del régimen que naciera tras el
levantamiento militar del 17 de julio de 1936 avanzaría hasta conseguir una
democracia que aunque dirigida por los resortes del poder, llegaría a ser
reconocida internacionalmente.
El 22 de noviembre era proclamado
rey Juan Carlos I, aunque no recayesen en él todos los poderes que acumulaba el
dictador. Aún así, con respecto a su país era el rey con más poder en Europa.
Con la muerte de Franco entró en vigor la división de poderes prevista por el
dictador y que a la postre era lo que él concebía como apertura del régimen.
Estas instituciones mantenían un equilibrio de poderes que debía garantizar el
mantenimiento del régimen aunque con cierto grado de aperturismo y desde luego
ya desprovisto de la acumulación de poderes en la figura de un dictador. Las
instituciones al cargo de la continuidad serían la monarquía con Juan Carlos I
como jefe de estado, el Gobierno y su presidente, el Consejo del Reino y las
Cortes. De esta manera el monarca no disponía de los mismos poderes que Franco
y sus decisiones debían ser aprobadas por una de las otras instituciones. El
mismo día 22, durante el primer mensaje de la Corona el rey daba esperanzas
cuando decía que su intención era reinar para todos los españoles. Sin embargo,
en un principio nada cambió y el nuevo gobierno que se formaba con Arias
Navarro como presidente ratificado en el cargo, pretendía una continuidad del
sistema vigente y no un cambio institucional, menos aún, iniciar un camino hacia
la democracia como en la actualidad es visto por buena parte de la sociedad.
Las fuerzas de la derecha pretendían un
continuismo del régimen con mínimas concesiones, mientras que la izquierda en
ese momento era partidaria de una ruptura. Varios ministros y personajes de
primera fila del gobierno Arias Navarro formarían las primeras asociaciones
políticas de la derecha para defender sus intereses. Juan Carlos rechazó en
este primer momento tanto la ruptura como abrir un periodo de transición
aperturista. Mientras tanto, la sociedad pedía libertades y la policía actuaba
de idéntica manera que durante la dictadura, así tuvieron lugar en marzo de
1976 los “sucesos de Vitoria” en los que en una jornada de huelga la policía
asesinó a cinco huelguistas e hirió de bala a otros 150.
La incapacidad de Arias Navarro en el
gobierno le llevaría a pedir su dimisión el 1 de julio de 1976. Inmediatamente,
Juan Carlos nombraría como jefe de estado y contra todo pronóstico a Adolfo
Suárez, un personaje de segunda fila dentro del franquismo, que fue escalando
puestos bajo la protección de Herrero Tejedor. Los líderes mejor situados
menospreciaron este ascenso a la jefatura del estado por razones arbitrarias
puesto que ellos consideraban que había que escalar puestos dentro de las
instituciones por razones meritorias. Así Fraga y Areilza eran las personas
mejor situadas para haber obtenido ese puesto llevándose una gran decepción que
en el caso de Fraga le acompañaría toda su vida. Sería lo que José María Velo
de Antelo definiera muy gráficamente: “Era vergonzoso ver como consejeros
nacionales, procuradores en Cortes y <franquistas de toda la vida>,
corrían para no perder el tren de lo que suponían se avecinaba. La desfachatez
con que se manifestaban daba lástima. No tenían vergüenza.”
La defensa que
realiza la autora de la figura de Juan Carlos, es oficialista y completamente
fuera de la realidad. Como ella misma reconoce, el protagonismo del rey ha sido
exagerado, si bien lo que realmente ocurrió, después de un primer momento de
intento de continuidad del régimen, no olvidemos que Juan Carlos juró las Leyes
Fundamentales del franquismo y es el “legítimo” heredero de Franco, además de
haber defendido públicamente la figura y la obra de éste. Juan Carlos,
sencillamente seguía la dirección del viento y se aseguraba un futuro muy
prometedor para él y su familia.
La tan alabada transición hacia la
democracia no fue un camino de rosas ni tampoco llegaron las libertades y la
democracia de la noche a la mañana. Por el contrario, el gobierno Arias Navarro
mantenía intactas las fuerzas represivas del régimen franquista mientras que
muchos políticos que ocuparan primeros puestos dentro de la dictadura aparecían
unos como reformistas y otros como aperturistas y “demócratas de toda la vida”.
De hecho, no habría cambio alguno durante los primeros ocho meses de vida de la
monarquía, sólo continuismo que parecía que iba a ser la tónica general
dado que Juan Carlos había jurado las Leyes Fundamentales del franquismo y
había mostrado respeto y gratitud a la figura de Franco durante su proclamación
como rey el día 22 de noviembre de 1975.
Las primeras elecciones democráticas
llegarían un año y medio después de la muerte de Franco, el 15 de junio de
1977, en las que saldría vencedor el partido oficial, el partido respaldado por
el rey y por los reformistas seguidos por el PSOE. La opción continuista parecía haber fracasado ante la oficialista que
había optado claramente por dar al régimen un aspecto democrático que
convenciera a la comunidad internacional y definitivamente, España volviera a
las instituciones internacionales. Todavía habría que esperar más
para dotarnos de una Constitución, hasta diciembre de 1978, tres años después
de la muerte del dictador y con el voto en contra de algunos diputados de Alianza
Popular que no querían una España con partidos políticos, menos aún la
legalización del PCE que se había producido en la Semana Santa de 1977 después
de los atentados de Atocha en los que un grupo de ultraderecha asesinaba a
tiros el día 24 de enero del mismo año en un bufete de abogados laboralistas a
cinco personas, dejando a otras cuatro heridas. La nueva monarquía
parlamentaria sería posible gracias a los pactos realizados entre el PSOE y UCD
y también en parte y en contra de sus propias convicciones de Alianza Popular y
del PCE. El PSOE ya había sido desprovisto de parte de su ideología, incluido
el marxismo, en el congreso de Suresnes y Felipe González, su nuevo líder tenía
gran conexión con la socialdemocracia alemana, a la vez que era apoyado
internacionalmente por esa opción política. También hay que tener en cuenta el
poco protagonismo que se dio al exilio español, siendo los socialistas del
interior los protagonistas de la transición.
Existían tres tendencias claras dentro
de la derecha española durante el tardofranquismo y la Transición, mientras que
Fraga desarrollaba su “teoría del centro”.
Por un lado estaban los inmovilistas que
pretendían que todo siguiera igual con la muerte del dictador, en este grupo
estaban FET de las JONS y demás secciones del falangismo y más tarde se
organizarían en Fuerza Nueva todos los que pretendían un continuismo político
basado en los principios fundamentales del franquismo.
Los partidarios de una tímida apertura o
una evolución lenta desde las Leyes Fundamentales se organizaron en
asociaciones políticas que luego constituirían partidos políticos y que se
unirían finalmente para crear Alianza Popular.
Por último, estaban los rupturistas,
personalizados en el partido del gobierno, la UCD de Suárez y que tenían como
objetivo la consecución de un régimen democrático de corte occidental para
España y que a la postre, serán quienes tuvieran más éxito, superando la
presión del “franquismo sociológico” y sobre todo del “ruido de sables” que
amenazaba desde los cuarteles. Esta dirección fue elegida, principalmente por
la presión internacional que obligaría al monarca y al gobierno hacia el
rupturismo político con la dictadura y la creación de una Constitución
democrática y un régimen que garantizase la libertad, el liberalismo y la
democracia pero siempre dirigido desde el gobierno y aceptando las
prerrogativas de los generales.
Dentro del llamado franquismo sociológico,
la propaganda oficial había calado hondo y se había creado una memoria
colectiva sobre la II República y su teórica inclinación hacia la izquierda, en
el Pacto de San Sebastián había personajes de centro y de la derecha española,
en el proceso de cortes constituyentes estaban presentes tanto Miguel Maura,
nada sospechoso de coquetear con la izquierda, como Niceto Alcalá Zamora que
además sería nombrado presidente. La Constitución de 1931 era una constitución
de corte burgués-liberal parecida a las de otros países democráticos del
entorno europeo, los partidos y las elecciones democráticas funcionaban sin
problema alguno, con alternancia en el poder. En 1933 ganó las elecciones la
CEDA y gobernó el país una coalición de derechas entre los radicales de Lerroux
y ese partido de la derecha católica española. Por esas razones, la
Constitución de 1931 no se parece a las constituciones del siglo XIX impuestas
por los partidos dominantes en cada momento como asegura Paloma Aguilar.
La violencia por la que se criticaba a
la II República no había sido mayor que en los países de nuestro entorno y en
buena medida estaba creada por una derecha que no aceptó de buen grado la
llegada de un sistema democrático a nuestro país en el año 1931. Por otra
parte, el consenso por el cual la izquierda renunciaba a su “pasado violento”
ha traído como estamos viendo en la actualidad, gracias a las frustraciones
ocasionadas por esa renuncia en pos de la paz y la libertad propuestas en la
transición, el hecho de que la derecha se niegue a reconocer los casos
objetivos de violencia ocasionada por el “terror blanco” una vez iniciada la
Guerra Civil que esa misma derecha llevó a cabo a través de buena parte del
ejército, quedando impunes los asesinatos de más de 150.000 personas en retaguardia.
Todos esos crímenes llevados a cabo por la autoridad militar, fueron ocultados,
olvidados o perdonados en ese momento de la transición, igualándolos a los
cometidos por el “terror rojo” que no alcanzarían las 50.000 ejecuciones y que
además no estaban ordenadas por las autoridades republicanas sino que vendrían
en su mayoría como réplica a ese violento levantamiento militar contra la
democracia republicana.
Se trata de
una buena obra que refleja perfectamente la actitud de las instituciones,
medios de comunicación y sociedad española en el momento de la transición con
respecto al recuerdo de la Guerra Civil española.
El libro
matiza diferencias importantes entre las distintas memorias, aprendizaje, etc.,
y su repercusión en un momento tan importante como el de la transición,
poniendo ejemplos de otras latitudes y regímenes distintos y describe un
acertado marco de la sociedad, cultura y política de los años setenta
perdiéndose un poco en lo que respecta a esa memoria que los españoles tenían
sobre la II República y la Guerra Civil.
Aún
acertando en muchas de sus conclusiones, comete el error de caer en la
tentación de la mayoría de textos que aluden a este periodo histórico de
destacar la figura del rey y de deslegitimar la democracia republicana.
José Luis Romero Carretero.
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